Artículo Semana 15

Buenos días estimado profesor y compañeros(as):

A continuación remito mi humilde artículo para sus valiosos comentarios y observaciones.

Saludos

Vanessa
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ULACIT

Maestría en Docencia y Currículum Universitario

Análisis de Políticas Educativas

Prof. Máster Ralph Araya

Estudiante: María Vanessa Zamora González

Artículo Avance Final

El único hombre que está educado es aquel que ha aprendido como aprender; el hombre que ha aprendido como adaptarse al cambio: el hombre que ha aprendido que ningún conocimiento es seguro, que solamente el proceso de buscar conocimiento proporciona bases para la seguridad

Ready Simon (1975)

Título:

Universidades: un abordaje desde las brechas sociales

Autor:

María Vanessa Zamora González[1]

Introducción:

Los nuevos escenarios educativos representan grandes e importantes cambios en todas las dimensiones (sociales, económicas, políticas, culturales), que no todas las personas están dispuestas a aceptar, que a la vez, convienen y contraen ineludiblemente enormes posibilidades que no se pueden desaprovechar como usuarios de la educación y por ende de la información.

Según se incluye en el Informe del Estado de la Educación (2011), “la educación superior en Costa Rica, tiene hoy una oferta extensa, variada y altamente concentrada en las universidades”. Sin embargo, según nuestra rectora Silvia Castro (2012), dice el presidente Obama que, para 2020, Estados Unidos tendrá, una vez más, el porcentaje más alto de graduados universitarios en el mundo, en el entendido de que su país sabe invertir sabiamente en la economía del conocimiento y en una ciudadanía educada para mejorar los índices de competitividad y prosperidad social. (p.1)

Duele ver que tal y como lo indica Castro (2012), en contraste, parece ser que la titulación universitaria no preocupa a los costarricenses, a pesar de que solo el 9.3% de la población ostenta un grado universitario y solo el 13% de esa población se egresa de áreas estratégicas para el desarrollo nacional, como son las disciplinas científicas, tecnológicas e ingenieriles; los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en cambio, reflejan una tasa promedio del 27.42%. La tasa de participación en educación superior de Costa Rica es la mitad de la tasa promedio de los países más desarrollados y nos conformamos con asumir, sin cuestionar, que no alcanzan los fondos públicos para financiar los estudios de tanta gente. (p. 1)

Entonces, cuál es la realidad, ¿la gente quiere estudiar y no puede?, o no quiere estudiar del todo?, o ¿es acaso que no tiene acceso a la educación?, o por último, ¿será una combinación de factores?

Las universidades privadas, por ejemplo no constituyen un apoyo subsidiario del Estado en educación, dado que lo que hacen es primordialmente ensanchar las brechas sociales y agudizar los conflictos de clases, toda vez que, al igual que las universidades públicas tienden a graduar estudiantes sin límite y sin que realmente se haya hecho un estudio o un análisis exploratorio de lo que el país necesita para lograr su desarrollo y lo que puede atender según su demanda, no su oferta. Por ejemplo, existen ciertas instituciones educativas que responden a dinámicas propias de desigualdad social, debido a que se orientan a generar un  mercado solamente orientado para personas o grupos que puedan atender sus requisitos económicos y financieros, generando que el estudiante deba endeudarse o pagar altos costos de matrícula y mensualidad para poder mantenerse en ellas, perteneciendo muchas veces en estos casos a sectores de la estructura social que no pueden competir económicamente, y que lo que hace es filtrar y dejar atrás sus expectativas y su acceso a la educación.

En el Informe de la Educación (2011) se incluye el tema de que las universidades del país tienen una oferta académica amplia, con una importante concentración en las áreas de Ciencias Sociales, Educación y Ciencias Económicas. Indican que diversificar las oportunidades académicas es siempre un objetivo deseable, aunque no en todos los casos ello es sinónimo de un sistema capaz de adecuarse a los cambios del contexto nacional e internacional.

Planteamiento del problema

¿Propician las universidades tanto privadas como públicas un ensanchamiento de las brechas sociales al graduar estudiantes sin límites sin verificar si estos son los que realmente necesitan o requiere el país para lograr su desarrollo?

Objetivo

General:

·         Analizar el rol o papel que juegan las universidades privadas y públicas en el ensanchamiento de las brechas sociales

Específicos:

1.    Verificar el papel o rol que juegan las universidades privadas y públicas, para poder atender los requerimientos del país

2.    Corroborar si las universidades privadas y públicas propician un ensanchamiento de las brechas sociales al graduar estudiantes sin límites y no según el desarrollo del país

Desarrollo

En el tema de la educación en las universidades privadas, algunos autores tales como Morales (2011), Torres (2010), Lagarda  (2001) y Mungaray (2001) han abordado el tema más directa o indirectamente y han incluido en sus apreciaciones el rol y la importancia de la educación superior en la vida cotidiana de los adultos y cómo se ha producido un ensanchamiento de las brechas sociales y de los conflictos de clase social.

Por ejemplo, en este tema, según Torres (2010), existen cuatro tipos de brechas: la brecha conceptual, la brecha del conocimiento, la brecha social y la brecha competitiva. Este artículo se concentrará en el tema de la brecha social. No obstante, cada una de las brechas se relaciona entre sí. Torres (2010), manifiesta que para cerrar esta brecha, se debe proceder a mejorar el acceso y la calidad de los servicios básicos y en especial a los más necesitados y vulnerables.

En este tema de las brechas sociales y el acceso a la educación, Castro (2012), nos indica que solo para dar un ejemplo, un bachillerato universitario en una institución privada en Costa Rica le cuesta a la sociedad aproximadamente ¢2,016,040, mientras que el mismo grado en la educación superior pública cuesta más de siete veces más: aproximadamente ¢15,075,402. Adiciona Castro (2012) que esta estimación no incluye los gastos asociados a los temas de investigación, ni tampoco incluye los ingresos privados percibidos por las instituciones públicas. (p.1)

Entonces, cabría pensar producto de estas cifras, que no es un tema económico, sino mental, ya que en el estudio doctoral de Castro (2012) también se confirma que hay más alumnos de escasos recursos en la educación superior privada, que en la educación superior pública. (p.1)

¿Qué es lo que realmente está ocurriendo?

Hevia (2008) manifiesta que a nivel educativo, las políticas públicas han tendido a reproducir la segmentación social, por cuanto ofrece a los sectores con menos ingresos, una educación de menor o más baja calidad que la ofrecida a los demás estratos sociales. De esta manera, los sistemas educativos que anteriormente fueron vistos y visualizados como canales de movilidad social y a la vez de integración, se convierten ahora en segmentos fragmentados y acrecentadores de brechas sociales, provocando o propiciando una desigualdad consecutiva e intergeneracional.

Según Artavia (s.f.), la educación debe ser vista como ese “ecualizador social”, como ese instrumento de movilidad social, que por lo tanto, a la postre, la ausencia de ésta o la mala calidad, aumenta diariamente las brechas sociales del país. Afirma que en esta Era del Conocimiento y de la Información, en donde se realiza cambios radicales diariamente, se debe fortalecer el valor social, ambiental y económico de las naciones, ya que el único instrumento con el que realmente cuentan éstas es la juventud educada en temas y valores que permiten a su vez el desarrollo pleno de las capacidades y las potencialidades, así como el incremento en la productividad del país.

Por otra parte, según el Informe del Estado de la Educación (2011), las universidades juegan un papel central en el crecimiento productivo y la competitividad de Costa Rica. No sólo forman el recurso humano que asume la conducción de las empresas del sector privado y las empresas e instituciones públicas.  Salazar (2009), Mungaray (2001) y Torres (2010) han evidenciado  cómo han crecido las brechas sociales, producto de la educación superior privada que atiende a unos pero descarta a otros.  Por ejemplo, Morales (2011), indica que lo que ha sucedido es que dada la competitividad y la globalización se ha dado una proliferación de instituciones privadas de educación, en todos sus niveles, que ha sido a la vez una causa y una resultante del aumento de la desigualdad social.

Sin embargo, es importante mencionar que esta privatización se ha dado, producto del aumento en la oferta de instituciones privadas del país y la disminución de cupos y capacidad de ingreso de las instituciones educativas públicas, es decir la demanda por acceso a la educación superior crece diariamente, pero la oferta se ha visto disminuida. Por ejemplo, según Rama (s.f.), el incremento de la demanda por educación incentivó año tras año el aumento de la oferta de educación. En el sector privado las demandas incrementales permitieron un aumento persistente de los precios relativos de las matrículas y una importante rentabilidad de sus instituciones terciarias. Los precios de las matrículas aumentaron en forma más que proporcional a la inflación y junto con el aumento de la escala permitieron financiar la enorme expansión de la planta física de las instituciones privadas y también asumir los costos crecientes derivados de las políticas de regulación desarrollados en esta década. El incremento de los costos de la educación por encima de la inflación ha sido una tendencia a escala mundial. Se podría suponer que las nuevas inversiones públicas en la región entre 1985 y el 2005 alcanzaron a 23 millones de metros cuadrados de construcción (5 metros cuadrados promedio por alumno) que pudieran implicar, con una media de 1000 dólares el metros cuadrado de construcción, inversiones financieras del orden de los 23 mil millones de dólares.

Asimismo, siguiendo a Morales (2011), entre las consecuencias de la privatización de la educación, resulta medular indicar los efectos que se han generado con el aumento en la oferta de educación superior privada, puesto que sus consecuencias reoperan y se instauran sobre el resto de la estructura social. Sin embargo, según Mungaray (2001), frente a la estructura de costos generados por el proceso educativo, la educación universitaria puede ser vista como una eficiente inversión pública, frente a la imposibilidad casi pragmática y real de los individuos para lograr reaccionar ante las inversiones privadas de la educación superior universitaria privada, que dados sus costos y la distribución social del ingreso, no pueden prácticamente entregar sus servicios educativos en la calidad y cantidad necesaria.

Otro aspecto que se debe destacar en este tema es el hecho de que como bien lo indica el Informe del Estado de la Educación 2011, uno de los grandes desafíos que tiene la educación superior es la relación entre oferta y calidad, área en la que las desigualdades y las asimetrías impera. De 1139 aproximadamente de programas impartidos por todas las universidades del país, las 62 carreras que en el 2010 habían sido acreditadas representan solamente un 5,4%. Ante esta situación, el SINAES, enfrenta el reto de ampliar sustancialmente su cobertura de universidades tanto afiliadas como acreditadas, para medir la calidad de la educación impartida por las mismas.

De esta manera, y siguiendo a Torres (2010), la educación se convierte en esa vía indiscutible que permite mejorar las condiciones de vida, a través del desarrollo de una serie de mecanismos sociales que llevan a la inclusión, a una mayor equidad en las oportunidades, respeto por las diferencias y las divergencias y que al final de cuentas lo que propicia es una ética para el desarrollo sostenible e integral, por medio de la mejora en el conocimiento y en la consciencia social.

Los jóvenes que ingresan a las universidades luchan por subsistir cada cuatrimestre con montos cada vez más altos de intereses, materias, matrícula, equipo, fotocopias, libros, entre otros. Por otra parte, una vez que logran terminar la carrera y caen en la realidad de que se enfrentan a una vida en donde no tienen opción de trabajo muchas veces, o no pueden desarrollarse profesionalmente en lo que estudiaron; por lo que deben tomar cualquier otra opción o la primera, o la más cercana, no necesariamente la mejor, pues deben empezar a pagar sus préstamos, o la deuda que tienen de esos años que se dedicaron a estudiar.

Por ejemplo, según Mungaray (2001), los costos universitarios para las familias y sus estudiantes no solo incluyen gastos directos que realizan los estudiantes en la matrícula, libros, transporte y alimentación; sino también una serie de gastos indirectos, como el costo de oportunidad del tiempo de dedicación al estudio.

Al respecto, el Informe del Estado de la Educación (2011), manifiesta que la limitada capacidad del sistema educativo para aportar mano de obra con conocimientos técnicos certificados es coincidente con la percepción del sector empresarial. Una encuesta realizada denominada Pulso Empresarial, por la Unión Costarricense de Cámaras y UCAEP, indica que los empresarios entrevistados opinan que la mano de obra calificada son los más difíciles de conseguir, ya sea por su relativa escasez o por falta de destrezas del personal disponible.

Morales (2011) indica que el problema de la incoherente e inflexible relación entre el mercado laboral y la educación superior (tanto pública como privada), radica en el hecho de que la oferta de servicios de educación superior ha saturado el mercado, constituyéndose en un fenómeno de consecuencias sociales negativas de gran impacto.

Hay un aparente doble discurso y espejismo en torno a la educación superior por parte del Estado, dado que el acceder a ella en la actualidad no necesariamente garantiza, en el contexto actual bajo el cual nos desenvolvemos que se vaya a dar un proceso real de movilidad social ascendente, como si pasaba anteriormente cuando estudiar y poder tener el título era una garantía para encontrar trabajo y de calidad.

Según Masís (s.f.), el acceso a la educación tiene que ver con eliminar todo tipo de barreras (económicas, sociales, de religión, de género, de personas con discapacidad), ya que influyen que la persona no acceda a la educación superior, a la vez que se debe ir formando una cultura inclusiva. Al eliminar toda barrera del acceso, se va creando una cultura inclusiva, que no deje gente por fuera, respetando el derecho de todas las personas a las cosas importantes para su mejora en la calidad de vida y el desarrollo personal, individual, social y para la calidad humana.

Asimismo indica Morales (2011), que se puede decir que el creciente desempleo que enfrenta la fuerza laboral con estudios superiores tal y como se puede observar en los medios de comunicación social y colectiva que afecta a los jóvenes, tiene una estrecha relación con la proliferación de la educación privada en el país, pues claramente, el contar con sesenta universidades privadas en el país y cuatro públicas, tiene una repercusión directa sobre la cantidad de mano de obra profesional, la cual excede evidentemente la demanda del mercado laboral, al sobrepasar la oferta. Por ejemplo, la Encuesta Continua de Empleo del INEC (2012), indica que la menor preparación académica y la escasa experiencia dificultan a los jóvenes encontrar trabajo.

Al respecto, según Mungaray (2001), el mercado de trabajo profesional es por naturaleza imperfecto, dado que los estudiantes demandan un empleo profesional, y los empleadores que los ofrecen, si bien se relacionan entre ellos en el mercado, tienen que interactuar para lograr interpretar las necesidades de los empleadores así como del mercado y lograr que el desarrollo de las características de los demandantes se vean fortalecidos a través de las instituciones de educación superior.

Ese retraso que se genera entre la selección, la educación y la entrega de los profesionales al mercado laboral genera una serie de desfases en cuanto a la inversión en tiempo y dinero generado versus la aplicabilidad de los conocimientos ya en el mercado laboral del día a día.

Otro aspecto que se menciona en el Estado de la Educación (2011) y Torres (2010), es el hecho de que el principal desafío para lograr la equidad en la educación está orientado a eliminar o al menos disminuir las brechas que existen en el tema de las oportunidades educativas entre las zonas urbanas y las zonas rurales, entre las personas con ingresos altos y entre las personas con bajos ingresos; ya que estas disparidades, se manifiestan recurrentemente en el acceso, los resultados y los servicios tanto en las instituciones públicas como en las privadas.

El Estado de la Educación Costarricense (2011), menciona que ese desafío de la equidad que se menciona, debe establecer una serie de programas que compensen a los grupos más vulnerables y que se encuentran en desventaja; es decir brindando nuevas y sostenibles oportunidades académicas.

Es así como el Consejo Superior de Educación (CONESUP), se ha preocupado por superar el reto social de luchar por la sostenibilidad social y política del país, tratando de cerrar las brechas sociales, creando nuevas oportunidades de ascenso social y propiciando la participación activa de las personas en la solución de los problemas sociales y educativos, dado que la actual oferta académica está caracterizada por una brecha que cada día crece más y más entre la educación y la calidad de vida de las personas de las zonas urbanas vs. las rurales. Deben crearse instrumentos y buscar recursos que cada día se concentren más en los débiles y desprotegidos.

Conclusiones

Simple y sencillamente la realidad de lo que sucede y está sucediendo con la educación es que existe una lógica perversa entre el riesgo laboral y el desempleo en la actualidad, lo que ha dado al traste y roto la creencia antigua de la movilidad social ascendente, que se esperaba lograr al tener acceso a la educación y lograr concluirla, dado que en nuestra sociedad actual, ya no hay certezas laborales, pues los trabajos se han tornado altamente inseguros y apelan a la temporalidad. 

Esta lógica perversa o imperfección se ha visto promovida por la formación en la educación universitaria desde una mirada de lentitud, en donde muchas veces los estudiantes tardan años en terminar sus estudios, dado que no cuentan con el dinero suficiente, pierden materias, hay deserción, el exceso  y la falta de flexibilidad en el trabajo les impide matricular bloques completos, y otra serie de situaciones que hacen que el estudiante deba primero iniciarse en el mercado laboral, y años después validar su conocimiento desde las aulas universitarias.

A pesar de que pareciera, como derecho humano que resulta la educación, de que todo estudiante tiene la misma oportunidad de solicitar ingreso en la institución pública, la verdad es que de ello media o priva la educación o preparación que haya tenido en el colegio, es decir previamente, y la demanda y oferta que en la educación superior y en determinada carrera se le brinde.

A pesar de que se podría argumentar que no hay espacio para no accesar a una institución privada, ya que incluso se puede buscar un préstamo universitario, según las estadísticas presentadas por Castro (2012), sólo el 3.6% de toda la población universitaria al menos en este país, acude a ellos, lo que sugiere que, para la mayoría de los estudiantes, estos préstamos no son alternativas reales.

Lo anterior es lógico, dada nuestra situación financiera mundial actual y la época de constricción financiera y empobrecimiento económico que se vive diariamente a causa de la inflación y demás aristas.

En estos tiempo restrictivos, lo más lógico es poner la mirada en las poblaciones de estudiantes vulnerables y  más necesitadas, sin embargo y el hecho de que resultaría lógico que los estudiantes más favorecidos, paguen más que los demás, para lograr así equiparar las oportunidades de ingreso de estas poblaciones vulnerables a través de subsidios.

Es un hecho de que los recursos que son públicos, deben emplearse en la definición de la política pública, en este caso educativa y de búsqueda de mejoramiento de la calidad y la eficiencia.

Sin embargo, el financiamiento sería importante en estas épocas de competitividad y globalización, sea brindado tanto a instituciones privadas como públicas, en el entendido de sus desempeños y logros, ya que esto repercutiría indudablemente en la opción de brindar más y mejores servicios de educación de calidad a más estudiantes, lo que redundaría en un beneficio para el país.

Asimismo, es innegable indicar que gran cantidad de universidades y no solo en este país sino en todo el mundo, se han convertido en empresas de lucro que por un lado han permitido generar espacios que han incrementado la oferta profesional, pero que también han llevado a lo que los expertos llaman la “precarización de la existencia”, en donde no se logra satisfacer ni el deseo ni la demanda de estabilidad laboral, calidad de vida y seguridad.

El reto es qué hacer con estas realidades. Es decir no se pueden seguir graduando estudiantes sin ningún control ni supervisión y sin importar si es lo que el país verdaderamente requiere o necesita, ya que esto motiva a una mayor frustración por parte de los estudiantes-profesionales, lleva a un país a su estancamiento económico y deslegitima la verdadera razón de ser de la educación y el rol formador y desarrollador de las instituciones educativas, tanto públicas como privadas.

Referencias

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[1] Administradora de Empresas con énfasis en Recursos Humanos, Licenciada en Psicología, Bachiller en Teología, Máster en Administración de Proyectos, Máster en Comunicación y Mercadeo y egresada de la Maestría en Gestión Ambiental. Actualmente se encuentra cursando la Maestría en Docencia y Currículum Universitario y finalizando el Bachillerato en Derecho; ambos en la ULACIT, el Posgrado en Entornos Virtuales de Aprendizaje de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), y el bachillerato en Criminología y la Licenciatura en Teología; ambas en la UNED. Es docente de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (ULACIT) y labora como Especialista en Monitoreo y Evaluación para el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).E-mail: vanezamo23@gmail.com